El Gobierno pide a la banca la dación en pago para las familias sin ingresos

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado hoy que el Gobierno pondrá en marcha un código de buenas prácticas en la banca para suavizar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social, que podrán contratar hipotecas de dación en pago. Para ello, el responsable de este departamento ha anunciado que se modificará la ley con vistas a establecer qué hogares están por debajo de este umbral de los más desfavorecidos y que, en esencia, deberán tener a todos sus miembros en paro y que no tengan ingresos. Un código de buenas prácticas o buen gobierno no es de obligado cumplimiento.
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Según ha detallado el ministro, junto a la posibilidad limitada a un grupo de familias de contratar hipotecas con dación en pago (pago del préstamo con la devolución del inmueble), también se va a recomendar que estas familias en riesgo de exclusión podrán incorporar el dinero abonado desde un principio por sus créditos para reducir el principal del mismo, cuando hasta ahora estos fondos iban a sufragar los intereses.
En este código también se va a establecer un periodo de dos años desde que se constate el impago de una hipoteca hasta la ejecución para las familias sin ingresos y que vayan a quedarse sin la que es su primera vivienda. En este plazo, se propone que paguen una renta "que se pueda considerar como justa", ha afirmado el ministro.
Junto a estas medidas, el Gobierno quiere que la banca asuma sus errores, en caso de que los hubiera, en sus tasaciones. Así, si la vivienda que se da en garantía para acceder a la hipoteca pierde valor en el periodo que va desde la concesión del crédito a la ejecución y este descenso se puede achacar a una mala tasación, las entidades deberán asumir una parte de esta pérdida con cargo a sus cuentas.
Pese a abrir la puerta a la dación en pago en casos muy concretos, Guindos se ha mostrado contrario a generalizar esta modalidad de hipotecas. La razón de ello, ha argumentado, es que causaría una reducción de los plazos o el importe del préstamo, incrementos en los tipos exigidos o incluso la restricción del crédito.