El presidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha atrevido a hacer lo que, en el último momento de su mandato, no osó hacer su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras razones por la "contestación" detectada en Internet. El Gobierno del PP ha aprobado el reglamento de la ley Sinde, la norma que busca frenar en Internet las descargas no autorizadas de contenidos protegidos por derechos de autor. Desde hace dos años esta ley ha puesto en pie de guerra a internautas y desgastó al Gobierno socialista.
Fuente de la noticia ciber paísEl Ejecutivo también ha aprobado la supresión del llamado canon digital y lo sustituye por otro "mecanismo de compensación" por copia privada "que se desarrollará en un Real Decreto", según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
"El Gobierno desarrollará reglamentariamente el mecanismo que establece una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado. Dicha cantidad será determinada por el Gobierno y recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea", afirma la referencia del Consejo de Ministros [en PDF] publicada hoy por La Moncloa.
El Congreso de los diputados ya había votado en julio con el apoyo del PSOE (entonces en el poder) la supresión de esta tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento sujeto a derecho de autor. En 2010 el Tribunal de Justicia de la UE había tachado de "abusivo" el canon. En marzo la Audiencia Nacional tumbó las tarifas de la compensación por copia privada vigentes (de 2008). Este fue el penúltimo varapalo a otra de las normas que más oposición ha encontrado entre internautas.
'Ley Sinde'
El reglamento antidescargas que entrará en vigor es el mismo al que tuvo acceso EL PAÍS a principios de diciembre, según fuentes del nuevo Ministerio de Educación y Cultura. Solo han cambiado los nombres de los firmantes del texto (el nombre de la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha sido sustituido por el del nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert).
La norma castiga de forma explícita la reincidencia de los infractores y se apunta a las webs de enlaces. Se trata de un modelo mixto administrativo-judicial que se basa en la denuncia de los titulares de derechos y designa una Comisión de la Propiedad Intelectual dividida en dos secciones. La primera, que ya existía, ejerce "las funciones de mediación y arbitraje". La Segunda sección, la más polémica, estará formada seis miembros, funcionarios de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competividad. Su presidente será el secretario de Estado de Cultura "o la persona en la que éste delegue, será el presidente de esta Sección", afirma la referencia del Consejo.
El juez interviene en dos momentos: uno, cuando no es posible identificar al infractor, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo debe, si así lo decide, requerir los datos personales del infractor mediante un auto a los proveedores y operadoras que ofrecen la infraestructura a la web. También es necesaria la intervención judicial cuando el infractor se niega a retirar los contenidos no autorizados. El juez entonces (si así lo decide) puede requerir de las operadoras que corten el servicio a la web o bloqueen el acceso a la misma.
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